En la entrada anterior decía que el procedimiento
abreviado es una medida de política criminal que tiene la principal finalidad de
evitar la etapa de juicio oral. Aún y cuando ni la Constitución ni el Código Nacional de Procedimientos Penales
(CNPP) hablan de negociación,
en la práctica esto será lo que suceda con el procedimiento abreviado, lo cual conlleva
un riesgo y dependerá del profesionalismo de fiscales y de la ética y responsabilidad
de los defensores, el que inocentes no sean condenados vía procedimiento abreviado.
Me voy a referir a dos aspectos: el relativo
al momento en que es procedente la solicitud de procedimiento abreviado y el que se refiere a los beneficios de
disminución de pena.
Por lo que ve al primer aspecto, el CNPP
es muy claro en determinar que el procedimiento abreviado se puede solicitar posterior a la vinculación
a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral[1] (que es el acto procesal con el que concluye la etapa intermedia en donde se
ofrecen y admiten los medios de prueba), y da lo mismo si es en audiencia inicial
o antes de concluir la intermedia, es decir, el CNPP no concede beneficios de disminución de pena dependiendo del momento procesal
en que se solicite el procedimiento. Lo anterior en razón de que en legislaciones previas
o de otros países, la disminución de la pena depende del momento procesal en que
el imputado acepta el trato: entre más pronto acepte mayor será el beneficio de
disminución. Si bien, la legislación no regula disminuciones dependiendo de la etapa
procesal, ello no es óbice para que, en los hechos, el Ministerio Público implícitamente
ejerza presión al imputado a efecto de que acepte someterse al procedimiento abreviado
lo más pronto posible ofreciendo una pena menor si es de inmediato o una mayor si
es hasta la etapa intermedia.
Si el Ministerio Público solicita el procedimiento abreviado
posterior a la vinculación a proceso, ahí mismo concluye el
procedimiento, porque el juez debe emitir el fallo en la misma audiencia (aunque
en un plazo de 48 horas después cite a audiencia de comunicación de sentencia).
Si el Ministerio Público no lo solicita durante la audiencia inicial, podrá hacerlo
durante el plazo de investigación complementaria, al iniciar la etapa intermedia
o incluso antes de que concluya la audiencia de dicha etapa intermedia.
Estos momentos en que puede el Ministerio
Público solicitar el procedimiento abreviado, e incluso, que exista aceptación por
parte del imputado, será una cuestión estratégica. Un agente del Ministerio Público
que no tenga los datos de prueba suficientes para una sentencia de condena, no debería
solicitar el procedimiento abreviado durante la audiencia inicial después de la
vinculación a proceso, pues requerirá del plazo de investigación complementaria
para reunir más elementos de convicción, entonces, aquí deberá plantearlo hasta
el inicio de la etapa intermedia. Por su parte, el imputado y su defensor, pueden
aceptar el trato de inmediato, si advierten la existencia de datos de prueba sólidos
y convergentes, pero si no es así, esperar incluso hasta la admisión de medios de
prueba (durante etapa intermedia) pues de esta forma sabrá el defensor qué tanta
prueba le fue admitida al órgano de acusación y de eso dependerá recomendar a su
defenso que acepte la responsabilidad y renuncie al juicio oral.
En cuanto al segundo aspecto: los beneficios que otorga el CNPP a quienes aceptan su responsabilidad, es en donde está el punto importante para
la negociación. El procedimiento abreviado procede en todos los casos, es decir,
para todos los delitos; lo que es diferente es la disminución de la pena dependiendo
el supuesto, que son dos y más visibles en
la siguiente tabla:[2]
SUPUESTO
|
1).Primera ocasión en cometer un delito y que la pena no exceda del término medio aritmético de 5 años de prisión:
|
2).En el resto de los casos (es decir, reincidente o que la pena exceda del medio aritmético de 5 años de prisión):
|
DELITO DOLOSO
|
Reducción hasta una mitad de la mínima.
|
Reducción de hasta un tercio de la mínima.
|
DELITO CULPOSO
|
Reducción hasta las dos terceras partes de la mínima.
|
Reducción de hasta una mitad de la mínima.
|
El beneficio que concedió el CNPP fue
únicamente una disminución en el extremo mínimo de la pena de prisión del delito
que corresponda, lo que genera que los marcos de punibilidad no queden tan reducidos.
Estas reducciones pueden no resultar
del todo atractivas y deben verse como opción únicamente para un imputado de delitos mayores (homicidio
calificado, secuestro, violación…), ya que los culposos
y dolosos leves, se solucionarán por acuerdos reparatorios o por suspensión condicional
del proceso.[3] Un ejemplo: el
homicidio calificado se castiga de 15 a 50 años de prisión,[4] al reducir un tercio
la pena mínima (supuesto 2), queda un marco de 10 a 50 años. Como vemos, desde la
legislación se trata de disminuciones no muy significativas a simple vista; sin
embargo, en los hechos, en la práctica, el Ministerio Público tiene la facultad
de ofrecer al imputado una pena que será la que solicite al juez se le imponga al
procesado, aunque esa pena debe ser dentro del marco de punibilidad de sanción que
quede con la disminución que corresponda, de ahí que será entonces en lo que ofrezca
el Ministerio Público en donde pudiera resultar atractiva la opción para
el imputado, pues me parece que, desde la postura de un acusado, su renuncia al
juicio oral y todo lo que ello implica, merecería una disminución considerable,
que se deja a lo que el Ministerio Público ofrezca dentro de ese marco de sanción.
Es este el punto y la razón por la que
el procedimiento abreviado se convierte en una negociación entre Ministerio Público
y el defensor del imputado, pues si bien se reduce el marco de punibilidad, el juez no queda sujeto a ese marco de
sanción disminuido, es decir, el juez no es libre de imponer
la pena de manera proporcional como tradicionalmente sucede dentro del mínimo, medio
o máximo y todas las combinaciones que derivan, sino que el juez –si la sentencia
es de condena–, deberá respetar la pena que específicamente le solicitó el
Ministerio Público,[5]porque es la que
éste ha convenido con el imputado y la que éste último ha aceptado se le imponga.
Por ello, válidamente en un homicidio calificado el órgano de acusación
podrá presionar de tal forma que de 50 años que es la máxima ofrezca la mínima de
10 años. Ello, ¿de qué dependerá? Obviamente, de qué tanto
material probatorio tenga el Ministerio Público, es decir, qué tanto riesgo corre
de que le absuelvan al acusado si se celebrara el juicio. Considero que entre mayor
soporte probatorio tenga, menor es la oferta al acusado y, por el contrario, entre
menor sea la prueba con la que cuente, mayor sería la oferta.
Y como sabemos, en una negociación se
requiere de dos partes, en este caso, el defensor en representación del imputado,
quien cuenta con las capacidades y conocimientos técnicos para sugerir a su representado
lo que más le convenga. Ello exige un defensor que realmente se involucre con los
datos de prueba que conforman la carpeta de investigación para que ética y responsablemente
asesore al imputado respecto de lo que más le conviene: juicio o negociación.
En esta negociación entre las partes en la que el Ministerio
Público tiene amplia facultad para ofrecer una pena que será respetada por el juez, es en donde radica el gran riesgo de ofrecer penas menores a personas que no
son responsables de los delitos, riesgo que se incrementa si no se cuenta con defensores
con una probada ética profesional.
Si lo que se quiere es evitar una audiencia
de juicio oral en donde hay prueba suficiente de responsabilidad desde un inicio
de tal forma que ello hace ociosa la etapa de juicio, entonces me parece que es
aceptable un procedimiento abreviado, porque en una negociación efectiva se trata
que ambas partes ganen: el Ministerio Público obtiene una sentencia de condena en
el menor tiempo posible y sin audiencia de juicio, y el acusado es sancionado por
ser responsable en la comisión de un delito con una pena menor a la que le correspondería
si se celebrara el juicio. Ahí está la ganancia para cada parte. Pero, ¿en la práctica
realmente llegará a ser así? Es decir, que un fiscal ofrezca siempre un procedimiento
abreviado a un culpable y un defensor recomiende de lo mejor a su cliente. Ustedes ¿qué opinan?
[1] CNPP artículo 202 párrafo primero.
[2] Elaboración propia con datos obtenidos
del artículo 202 del CNPP.
[3] Al menos que a un imputado en un delito
menor, se le haya concedido previamente la suspensión condicional del proceso con
la cual haya incumplido. Artículo 192 CNPP.
[4] Artículo 126 del Código Penal del Estado
de Querétaro.
[5] CNPP, artículo 206, párrafo segundo: No
podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por
el Ministerio Público y aceptada por el acusado.
EL ARTÍCULO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN http://www.marielaponce.com/2014/07/21/la-negociacion-en-el-procedimiento-abreviado/ CONSULTADO CON FECHA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, 02.14
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